La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designará por sorteo, este miércoles 30 de enero, a 220,440 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, con miras a la Consulta Popular de Revocatoria (CPR) del Mandato de Autoridades Municipales del próximo 17 de marzo.El sorteo lo realizarán, simultáneamente, las 16 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), a partir de las 11:00 horas, entre los 25 ciudadanos seleccionados hace algunos días por cada una de las 36,740 mesas de sufragio que se instalarán para la consulta, habiéndose priorizado a los ciudadanos con mayor grado de instrucción o aquellos que aún no han realizado dicha labor. Se ha establecido una multa de S/. 185.00 para aquellos miembros de mesa que no asistan a ejercer el cargo.
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, informó este sábado que no brindará más declaraciones sobre el proceso de revocatoria que se lleva en su contra por temor a ser multada o investigada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).Mediante un comunicado, señala que la resolución N° 1000-2012-JNE, de fecha 31 de octubre de 2012, el JNE convocó a la consulta popular para el domingo 17 de marzo de 2013. Posteriormente, con la resolución N° 1073-2012-JNE, del 26 de noviembre de 2012, se estableció la normatividad aplicable para este proceso.Una de las normas aplicables es la resolución N° 004-2011-JNE, que aprobó el Reglamento de Publicidad Estatal en periodo electoral, señala el comunicado de la burgomaestre. “Norma por la cual y sin sustento legal alguno, el Jurado Electoral Especial Lima Centro -JEELC- me ha iniciado arbitrarios procesos de investigación, imputándome haber violado tal normativa, por lo que me podrían sancionar con una multa personal de hasta 100 UIT (S/. 365,000)”, advirtió la alcaldesa. Villarán sostiene que “hasta que no existan por parte de las autoridades electorales las garantías de que puedan actuar de manera independiente, objetiva e imparcial”, no declarará sobre el proceso.“…con el fin de evitar que las mismas sigan atentando contra el derecho de la ciudadanía a estar informada y contra mi derecho a expresarme libremente, bajo amenaza de iniciarme nuevos procesos de investigación, he decidido no brindar declaraciones públicas sobre temas vinculados al proceso de consulta popular cuando me encuentre desarrollando actividades propias de mi condición de alcaldesa de Lima y utilizando recursos del Estado para ello”, refiere.
